La Comisión de Gobiernos Autónomos, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), recibió al docente e investigador de la Flacso, Fernando Carrión, quien expuso sus propuestas para fortalecer la gestión y representación de las ciudades.
El académico destacó la necesidad de impulsar una reforma centrada en el “derecho a la ciudad”, frente a los profundos cambios que experimentan los centros urbanos como consecuencia de la revolución científico-tecnológica y de la transformación de la economía hacia modelos digitales.
En este contexto, planteó fortalecer la autonomía política, económica y competencial de los gobiernos locales. En el ámbito político, consideró pertinente revisar los mecanismos de representación de las autoridades y propuso analizar la implementación de una segunda vuelta para la elección de alcaldes en las capitales de provincia y ciudades con más de 250 mil habitantes. También sugirió la elección de concejales por ciudad y distrito electoral.
Carrión sustentó su planteamiento con el caso de Quito, al señalar que los alcaldes Jorge Yunda y Pabel Muñoz fueron elegidos con menos del 30 % de los votos.
Por su parte, Pablo Cabrera, especialista en geografía socioeconómica y geografía de la salud, centró su intervención en la importancia de incorporar el enfoque de territorios funcionales y gobernanza multinivel. Además, abordó temas relacionados con la infraestructura digital, la ecología urbana, la conectividad, la infraestructura y la necesidad de precisar las competencias de los distintos niveles de gobierno.
La propuesta de reforma que tramita la mesa legislativa contempla cinco ejes fundamentales: despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y reducción de la brecha digital; clarificación de competencias viales y zonificación periurbana; mecanismos de fiscalización, régimen disciplinario y control político local; certeza tributaria, regularización predial y simplificación de trámites; y transparencia, gobernanza interna y equidad de género en los cuerpos colegiados.
