La asambleísta Carolina Escobar, representante de la provincia de Tungurahua, presentó dos proyectos de ley orientados a atender problemáticas que afectan a la ciudadanía: el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para la Trazabilidad de Autopartes; y el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en Materia de Proporcionalidad Sancionatoria para el Delito de Abuso de Confianza.
El primer proyecto plantea reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para fortalecer el control de los componentes de vehículos que hayan sido sustituidos como consecuencia de accidentes, incendios, inundaciones, vandalismo, recuperación tras robo u otros hechos técnicamente comprobados.
Para ello, incorpora una revisión técnica especial que permita identificar los principales elementos reemplazados, como motor, chasis o carrocería, y establece mecanismos para incorporar esta información al historial del vehículo. Con estas medidas se busca prevenir la comercialización de autopartes provenientes del robo de vehículos y brindar mayor seguridad a propietarios y vendedores de buena fe.
Asimismo, establece una constancia de reparación física o electrónica que identifique el vehículo, los componentes sustituidos, sus números de serie o códigos, cuando existan, además del proveedor y la documentación que respalde su adquisición. Estos registros deberán conservarse durante siete años, de acuerdo con el texto propuesto.
Antes de transferir un vehículo sometido a revisión especial, el propietario deberá informar al adquirente sobre esta condición y los principales componentes sustituidos. La falta de documentación, por sí sola, no constituirá una presunción de origen ilícito ni impedirá automáticamente la matriculación, transferencia o circulación del automotor.
La segunda iniciativa reforma el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de abuso de confianza, y plantea tres escalas de sanción: de uno a tres años cuando el perjuicio sea inferior a 30 salarios básicos unificados; de tres a cinco años cuando se ubique entre 30 y 100 salarios básicos; y de cinco a siete años cuando alcance o supere los 100 salarios básicos. Con el salario básico unificado establecido para 2026, estos umbrales corresponden a USD 14.460 y USD 48.200.
